I

  • Un poder ilegitimo, que ha hecho de la violación del Estado de Derecho su esencia y que quiere gobernar “con luz de eternidad”, no puede ser cuestionado ni revocado con reclamaciones de sus mismas violaciones a la ley.
  • Domina el servilismo individual de diputados, magistrados, jueces, abogados, pues es la venalidad la que gobierna. Sumada a la lambrisquera actitud de la cúpula empresarial nicaragüense, a la que no le interesa la política, ni el Estado de Derecho, mientras prive el “comé y comamos”.
  •  Pero inundar las salas constitucionales de reclamos ciudadanos en el caso de la vergonzosa concesión del Canal (una evidente mampara de una sociedad comercial entre un especulador chino y la familia gobernante), es un paso trascendental para ir fortaleciendo la conciencia ciudadana adormecida, chantajeada y reprimida y especialmente si estas acciones jurídico-políticas provienen de sectores jóvenes y no necesariamente partidistas.
  •  Es el caso del recurso que anuncia Mónica Lopez Baltodano, que nos hace el favor de resumir en 25 verdades sobre esta ignominia donde Adolfo Díaz, el presidente nicaragüense mayordomo de intereses extranjeros en los años 30, parece un impoluto predicador de la Iglesia de los Santos de los Últimos días. Tal es la profundidad de esta concesión, monumento de humillación y vergüenza nacional.
  • Nicaragua necesita una voz moral renovada, una fuerza que pueda afrontar la responsabilidad de enfrentarse, literalmente, jugarse el pellejo en la lucha contra un poder esencialmente negador del Estado de Derecho. Y estas escaramuzas cívicas como la interposición de recursos contra estas violaciones constitucionales y legales en el caso del Canal FSLN-Wang Jing, deben hacernos ver que no hay salida para Nicaragua, sin esas voces morales y políticas renovadas, sin las acciones de la juventud nicaragüense que conduzcan, hay que decirlo en blanco y negro, a una organizada, firme, incorruptible insurrección cívica que rescate el derecho del país y del pueblo, a vivir con dignidad, en libertad y del sudor de la frente de cada ciudadano y ciudadana.
  •  Comparto aquí las 25 verdades de Mónica López Baltodano, tomado de su pagina en FB:

Recurso por inconstitucionalidad: 25 verdades sobre la Concesión del Canal

11 de agosto de 2013 a la(s) 21:19

Estimados ciudadanos y ciudadanas de Nicaragua:

Me llamo Mónica López Baltodano, tengo 29 años, soy Abogada y Notario, Máster en Estudios Políticos y Experta en Cambio Climático. He estudiado detalladamente cada uno de los instrumentos jurídicos conocidos sobre la concesión del Canal Interoceánico por Nicaragua, y en base a ello, el día lunes 12 de agosto (11 am), estaré presentando en mi calidad de ciudadana, un Recurso por Inconstitucionalidad en contra del Presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, y la Asamblea Nacional por la aprobación de la Ley 840 y el Acuerdo Marco de Concesión del Canal.

Este recurso no sólo se refiere a la Ley 840 (y sus 25 artículos), sino que examina detalladamente las cláusulas que integran las 120 páginas de las disposiciones del Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos. Es un recurso completo en su análisis jurídico.

Consta de 103 páginas en que expongo pormenorizadamente violaciones a más de 40 artículos de la Constitución, y de manera especial, analizo las ilegalidades relativas a la administración de los recursos naturales, que son patrimonio de la Nación, y la gestión ambiental.

La gravedad, dimensión y alcance de las concesiones establecidas en la Ley 840 y el Acuerdo Marco, imposibilitan agruparlas en orden de importancia. A continuación expongo 25 verdades que todo ciudadano nicaragüense debe conocer.

25 VERDADES SOBRE LA CONCESIÓN DEL CANAL:

1.      La concesión del Canal debe analizarse a la luz de las cláusulas del Acuerdo Marco. En el recurso exponemos que esas cláusulas no son Ley de la República, aunque la Ley 840 menciona 56 veces sus disposiciones. Ese Acuerdo fue suscrito con posterioridad por funcionarios públicos carentes de potestad legislativa, por tanto deben ser desconocidas por los ciudadanos y todos los funcionarios públicos de Nicaragua.

2.      El Acuerdo Marco obliga a que en el lapso de 18 meses se realice una reforma constitucional para legalizar las disposiciones del mismo, pretendiendo adecuar nuestra Carta Magna a los intereses corporativos del gran capital.

3.      Se pretende que todos los documentos en inglés o desconocidos públicamente (tales como la Escritura de Cooperación, el Acuerdo de Accionistas o los Estatutos de HKND) son parte de la concesión del canal. Los impugno claramente porque son inconstitucionales.

4.      Según la Constitución, la legislación y la jurisprudencia, esta ley debe ser declarada inconstitucional por haberse aprobado sin la necesaria consulta a gremios, asociaciones, colectivos u organizaciones populares. Solamente fueron consultadas 10 personas del gremio empresarial (AMCHAM y COSEP). Discriminatoriamente, ninguna mujer fue consultada.

5.      Como corolario a la falta de consulta, la Asamblea Nacional, como órgano representativo de la soberanía popular, de manera infame aprobó sin ninguna modificación u observación, la iniciativa de ley del Presidente.

6.      Con la Ley 840, el proyecto del Canal fue privatizado. Se anuló lo establecido en la Ley 800 (2012) que garantizaba el 51% de las acciones a favor del Estado Nicaragüense. Ahora, el Estado tendrá solamente el 1% de las acciones, una vez que entre en operaciones el Canal, y tendrá que transcurrir medio siglo para que podamos aspirar al 50% de las acciones.

7.      Como agravante, en todos los documentos, solamente comparecen dos sociedades anónimas: HKC (Hong Kong) y EDGI (Nicaragua). Pero en la ley, la sociedad que entregará las acciones a favor de Nicaragua, es HKND (Islas Caimán), la cual no ha suscrito ningún documento oficial o público que la obligue frente al Estado de Nicaragua.

8.      La Comisión del Canal, creada en la Ley 840 e integrada por 14 funcionarios sometidos al Ejecutivo, se erige ilegítimamente como un “mega-ministerio” que representa a todo el Estado nicaragüense, incluyendo municipalidades y autoridades de las Regiones Autónomas.

9.      No hay certeza sobre las fuentes que financiaran los $40,000 millones de dólares requeridos para  financiar los proyectos, quedando una ventana abierta para que parte de los mismos puedan provenir de fuentes ilícitas, en tanto el Acuerdo Marco dispone unrégimen de excepción (entidades financieras no deberán registrarse ante la Superintendencia de Bancos, ni tampoco puede el Estado poner impedimentos para la entrada de esos fondos).

10. No hay claridad sobre la relación societaria entre HKC (Hong Kong), HKND (Islas Caimán) y EDGI (Nicaragua), pese a que públicamente se maneje la marca “HKND Group” como si se tratase de una sola empresa, a la que –por cierto- no fue adjudicada la concesión. Es muy probable que exista una cuarta sociedad anónima interviniendo en la concesión, de la cual se desconoce su nombre. Las cláusulas de extrema confidencialidad, impedirán de manera absoluta y ad eternum conocer quiénes son sus socios.

11. Por medio de la concesión se ha entregado potencialmente todo el territorio nacional, en la medida en que no se definen rutas o locaciones específicas para ninguno de los 10 sub-proyectos contemplados.

12. Se han entregado todos los derechos de uso de tierra, aire, agua, espacios marítimos y recursos naturales, sin valorar la importancia de la integridad ambiental para garantizar la vida de los nicaragüenses, y sin ninguna contraprestación cuantificada económicamente. Incluso se cede el derecho a alterar y dragar el Gran Lago, nuestra principal reserva de agua potable.

13. Se ha dicho que la concesión es por 100 años, pero el análisis jurídico demuestra que fue entregada de forma ilimitada en el tiempo.

14. La concesión es múltiple e ilimitada ya que contempla 10 sub-proyectos y una “caja negra” de proyectos que pueden ser cualquier cosa, todos amparados por esta ley y sin necesidad de licitación alguna.

15. La Concesión fue aprobada sin que se hubieren realizado estudios de pre-factibilidad ni Estudios de Impacto Ambiental, quedando a discreción del concesionario definir bajo qué parámetros hacerlo, desconociéndose así la legislación ambiental, el régimen de permisos ambientales y el más elemental sentido común. Estos estudios seguramente no serán del conocimiento público debido a las estrictas cláusulas de confidencialidad.

16. En el Acuerdo se exime de responsabilidad al Inversionista por “condiciones ambientales pre-existentes”, sin que quede claro quién definirá tal condición, ni tampoco cómo se atribuirá la responsabilidad por daños ambientales ocasionados posteriormente por las obras.

17. Se violenta absolutamente el régimen de áreas protegidas vigente en el país. Según las rutas tentativas del Canal, podrían verse afectadas 2 reservas de biosfera, y 8 áreas protegidas más, entre ellas la Indio Maíz, La Flor y Rio-Escalante-Chacocente, que son indispensables para mantener el equilibrio ambiental de la región.

18. Las cláusulas del Acuerdo Marco obligan al Procurador General de la República a que emita, en el plazo de 30 días, una “opinión jurídica” que confirme la legalidad de todo lo actuado hasta la fecha, lo que resulta improcedente y humillante a la luz de nuestro marco jurídico-institucional.

19. El Estado nicaragüense ha entregado todos sus recursos, bienes y facultades, por un pago de hasta 10 millones de dólares anuales, por 10 años, luego de la entrada en operaciones del Canal. Según la literalidad del Acuerdo, podrían pagarnos desde 1 dólar hasta 10 millones. De ese monto, el inversionista puede descontarse deudas presentes e incluso futuras que ellos estimaren.

20. Cualquier propiedad de la nación nicaragüense, de carácter municipal, regional o nacional, podrá ser expropiada a favor del Concesionario sin que este tenga que pagar ninguna indemnización. Prácticamente se regalan las tierras y bienes de la Nación, incluidos los recursos naturales.

21. No ni un solo córdoba ingresará al Presupuesto de la República en concepto de impuestos o gravámenes a ninguna de las obras. Ni siquiera tienen que pagar el registro de las propiedades que expropien a privados, comunitarios o al Estado.

22. La Asamblea Nacional ilegalmente le confiere rango constitucional a la Ley 840, al establecer que la misma solamente podrá ser reformada con el 60% de los diputados, como si se tratase de una reforma parcial a la Constitución; y no con la mitad más uno de los votos, según corresponde para las leyes ordinarias.

23. En el Acuerdo Marco, se amenaza directamente a la Asamblea Nacional, en tanto cualquier “cambio de ley” se considerará un “evento desestabilizador” que obliga al Estado a indemnizar al inversionista.

24. Existe una amenaza y chantaje directo a la Corte Suprema de Justicia, en tanto el Acuerdo Marco establece que si se declara su inconstitucionalidad, el Estado deberá compensar y resarcir a los empresarios privados o concesionarios por sus pérdidas y daños.

25. Finalmente, de manera inexcusable se obliga al Banco Central a emitir en el plazo de 30 días, la renuncia  a la inmunidad soberana en 2 formatos, uno a favor de HKC y el otro a favor de HKND. Eso quiere decir que todos los bienes y cuentas del Estado Nicaragüense pueden ser intervenidos a favor del Inversionista o Concesionario.

 

Contacto:

 monicalopezbaltodano@gmail.com

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