Cartel sandinista de los años 80 reinvindicando la reforma agraria.

Esta nota se basa en la publicación inédita  “Reforma y Contrarreforma Agraria en Nicaragua.¿Hacia dónde van los campesinos nicaragüenses? De la Dra. Carol Patricia Lucas Aráuz. 2003. Guatemala.

Ninguna formación social puede avanzar a estadios superiores de desarrollo, especialmente en países con procesos primarios de producción basados en las fuerzas y los recursos naturales, sin una transformación del régimen de tenencia y distribución de la tierra. Esto es cierto para lograr desde el campo el paso hacia las formas industriales del capitalismo o hacia formas industriales socialistas.

Nicaragua es uno de esos extraños casos mundiales donde su capitalismo nunca pudo dar el salto a formas superiores de producción, que tuvo su oportunidad con un proceso revolucionario (años 80, con el sandinismo) de redistribución de la tenencia y usufructo de la tierra, que sufrió un proceso de reversión de esas reformas (años 90) y que a pesar que desde 2006 el discurso oficial habla de socialismo, lo maneja únicamente a manera de mantra o conjuro meramente discursivo, sin ningún sentido practico. Un socialismo sin reforma agraria en un país agrario, no es socialismo ni es nada.

Se sostiene en este escrito, que mientras en los años 80 se dio un paso adelante con la Reforma Agraria que abrió las esperanzas de desarrollo de la masa campesina y obreros agrícolas en Nicaragua, desde los años 90 se dio un proceso de contrareforma agraria que despojó, hasta la fecha, disolviéndolo, expulsándolo a las ´áreas urbanas o fuera del país y en última instancia, lumpenizándolo, al campesinado nicaragüense y ayudando a formar con sus restos sociales, la nueva categoría de  socio política de “pobres” que son sometidos al clientelismo político.

En los 80, revolución, en los 90, contrarevolución

En 1990, después de la derrota electoral del FSLN, confluyen dos movimientos sociopolíticos en la definición de la nueva correlación de poder: Por un lado, los estamentos que se aglutinan para el desmontaje alegre de las conquistas revolucionarias logradas con el derrocamiento del somocismo, bajo el gobierno de Violeta Chamorro como referente y al que vamos a llamar “tradicional” o de “derecha”.

Y por el otro lado, el estamento sandinista que en ese momento de pérdida de su poder, se aglutina tanto en lo político, como en lo económico, buscando su autodefensa y continuidad como tal, al que vamos a llamar “estamento emergente”.

Una serie de decretos de privatización, iniciados antes del propio traspaso del poder Ortega-Violeta Chamorro, anuncian la nueva etapa regresiva, donde estos dos movimientos o polos, aparentemente contradictorios, convergen. Sin ningún género de duda, la privatización se convierte en objetivo común de los sectores de derecha y los estamentos emergentes.

Cada uno de estos “polos” sigue sus particulares intereses, pero coincidiendo estratégicamente en el desmontaje objetivo de las conquistas revolucionarias, entre las cuales, además de la privatización de las comunicaciones, de la producción y distribución de energía eléctrica, de la educación, de la salud, resalta algo fundamental: la desnacionalización de la banca[1] y la privatización y contrareparto de las tierras confiscadas al somocismo y allegados y en manos de sectores populares (campesinos, obreros, trabajadores).

Revolución violenta, contrarreformas pacíficas

La ola privatizadora de los 90, a contracorriente de la ola estatizadora de los 80, es “surfeada” por el FSLN, alegando que los trabadores, obreros y campesinos, tenían derecho también a la propiedad privada de los medios de producción, dando así un giro de tortícolis en el discurso y la práctica política.

En la década de los 90, a diferencia de la enorme resistencia popular a las privatizaciones de los servicios públicos (comunicaciones, energía eléctrica, agua, salud, educación) por ejemplo en Costa Rica, en Nicaragua la reversión se hizo prácticamente sin resistencia popular efectiva, al margen de las movilizaciones y presiones utilizadas en el cálculo político para defender cuotas de poder, puestos públicos y asignaciones presupuestarias. El discurso de la “izquierda” del FSLN es que los trabajadores tienen derecho a ser propietarios privados. Se privatizan las comunicaciones, la energía eléctrica, los bancos, las financieras.

Los primeros bancos privados en surgir en 1991 en la Nicaragua post revolucionaria fueron: Banco Mercantil, Banco de la Producción, Banco Centroamericano y el Banco de América Central. De hecho, el capital financiero (disperso y desorganizado en los años 80), se convierte en la “vanguardia” de la contrareforma de los años 90.

En mayo de 1998 se clausura el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), que sumado al cierre del Banco de Crédito Popular, deja sin opciones financieras a la mayoría trabajadora de cuenta propia de Nicaragua. En contraposición, los bancos privados crecen geométricamente.

Concentrado el capital en su forma financiera, manejando desde allí los flujos de préstamos e inversiones, resucita el capital rentista asociado a la propiedad de la tierra. Ese coctel de rentismo agrario con rentismo financiero, es una verdadera contrarrevolución, la que el FSLN asume sin ninguna programática de lucha de fondo, exceptuando su larga lucha de 16 años por lograr posicionamientos en el aparato del Estado y en los órganos del poder político.

Esta regresión, reflejada en lo más flojo y parasitario del capital, el capital financiero, combinado con la resurrección del mercado de tierras, explica no solamente la aceleración de la pobreza en Nicaragua y la concentración del capital en pocas manos, sino la rosada explicación de la “solidaridad contra la pobreza”, “el gobierno de los pobres”, pues literalmente el antiguo FSLN vendido en los años 80 como la expresión del proletariado revolucionario, deviene en esta fase en el reinvindicador de los “pobres”, únicamente sujetos de caridad y conmiseración.

El ave fénix del capitalismo rentista

El capital bancario privado que se reconstruye a partir de los años 90 en Nicaragua es estrictamente usurero: realiza pocas inversiones de capital y de largo plazo, y hace proliferar el crédito de consumo y de corto plazo. Y se compagina asociativamente con el mercado especulativo de  tierras, surgiendo varios núcleos de mafias en ese orden. De hecho, muchas de las posteriores quiebras bancarias, así como las labores de “rescate” financiero ante esas quiebras, se relacionan con ese mercado de tierras y propiedades antes estatales. La especulación financiera convergía con la especulación de bienes raíces, tierras, fincas y propiedades.

El oleaje especulativo de capital y tierras de la década de los 90 arrastra y mezcla por igual a los viejos banqueros y terratenientes, con noveles pero ambiciosos elementos surgidos de las propias filas sandinistas. Literalmente, estos dos polos, el “tradicional” y el “emergente”, se encuentran en las juntas directivas de los bancos, en las reuniones de gremios empresariales, en las tertulias campestres y hasta en los nuevos matrimonios.

Como estrategia en el reparto de los 90, por varios años, el capital financiero en reconstrucción, se niega a financiar proyectos o inversiones en las propiedades del reparto popular- sandinista. Y es que el FSLN cedió a los trabajadores y gremios como ATC, UNAPA, UNAG,  las propiedades estatales confiscadas en los 80, bajo la forma legal de arriendo con opción a compra”. Esa figura legal, impedía que las propiedades pudieran darse en garantía por préstamos bancarios. Con el tiempo, los trabajadores fueron vendiendo sus derechos, haciendo entrar estas propiedades al reparto de tierras, a la CONTRAREFORMA AGRARIA DERECHO-SANDINISTA.

El golpe de gracia para estos sectores emergentes había sido el mencionado cierre definitivo del Banco Nacional de Desarrollo en 1998: Entre 1990 y 1996 los montos de crédito bancario al sector agrícola se redujeron de 92.4 a 64.52 millones de dólares, pasando de más de 80 mil productores atendidos en 1990 a menos de 7 mil en 1997. La banca privada no mostró ningún interés en llenar ese vacío, con los ojos puestos en mercados tan intensivos y nuevos como las tarjetas de crédito, los créditos para vehículos, los centros comerciales, cinemas y demás. Mientras en 1990 la banca estatal financió 40 mil hectáreas de frijol y 105 mil de maíz, en 1997 la banca privatizada apenas llegó a habilitar unas 1,000 hectáreas de frijol y menos de 7 mil de maíz. Ya para 2006, el financiamiento para tarjetas de crédito sumaban USD257.2 millones de dólares, mientas el crédito agrícola era de apenas USD87.9 Millones de dólares, síntoma de esas políticas de exclusión y ahogamiento del sector y del campesinado, presionadas por el Banco Mundial y resto de organismo multilaterales.

Una Reforma Agraria sin marco legal

Otro golpe de gracia al campesinado es lo que sucedió con los Títulos de Reforma Agraria, sin validez legal, porque el gobierno sandinista nunca reformó el Registro de las Propiedades confiscadas ni extendió verdaderos títulos de propiedad. Realmente, los trabajadores nunca fueron dueños de esos medios de producción, aunque les dieron a entender que si lo eran, en esos respectivos momentos. El celo estatista era tal, que el FSLN no autorizó títulos de propiedad, “para no reconstruir la propiedad privada ni el capitalismo en el campo”, según Jaime Weelock, poderoso ministro sandinista  de la reforma agraria de los 80.

Después de 1990, los trabajadores, campesinos y finqueros que se hicieron con pivotes (sistema de riego que puede alcanzar hasta 100 manzanas de una vez), con pozos artesianos (Timal de Tipitapa, por ejemplo), con miles de manzanas (¿recuerdan el proyecto ganadero de Chiltepe?), con bodegas, tractores, implementos agrícolas, plantaciones de café, de caña, etc., no pudieron ponerlos a trabajar, porque no tenían, no llegaron a tener nunca, capital de trabajo.

Poco a poco, la desorganización, la desesperanza, la especulación, fue mermando los antiguos grupos colectivos de trabajo y la repartición individualista se acelera. Los especuladores y oportunistas endulzan los oídos de muchos, para acelerar este nuevo reparto y movimiento de reconcentración de la propiedad.

La privatización de la banca tiene un mecanismo férreo: El endurecimiento de las políticas bancarias hacia las empresas surgidas del reparto de fines de 89 y comienzos de 1990, no hace mas que acentuar la marginalidad. La parcela por sí misma no le da de comer a la antigua familia de reforma agraria de la etapa sandinista, mientras no ha habido opciones relevantes y masivas de empleo asalariado en el campo. La mera propiedad de la tierra, por si misma, no lo libera de la miseria. Es el cerco estratégico que logra la privatización del capital bancario contra ese potencial competidor de negocios, contra los restos de Reforma Agraria.

Eso obliga al beneficiario de la reforma agraria, a negociar en desventaja con los antiguos dueños reclamantes de las tierras o con nuevos especuladores que acuden billete en mano a ofrecerle su liberación del vínculo de propiedad: Según declaraciones en 2001 de Orlando Núñez Soto, antiguo funcionario sandinista de la Reforma agraria., el mercado de tierras por la Contrarreforma agraria había absorbido más de 350 mil ha., un 17% del total reformado. Ver: Observador Económico No. 14. Sin embargo, un reporte de la FAO-Nicaragua hablaba para esa época, de una reversión del 60%..

El reparto sandinista del último momento en 1990 (El reparto de última hora quedó establecido en las Leyes 85, 86 y 88) y con las características citadas, marcó el campanazo histórico del fin de las transformaciones revolucionarias que atisbaron en los años 80.

La constitucionalidad revolucionaria de la propiedad de la tierra, ¿sólo literatura?

El artículo 108 de la Constitución de la República de Nicaragua establece:

ARTICULO 108.-Se garantiza la propiedad de la tierra a todos los propietarios que la trabajen productiva y eficientemente. La ley establecerá regulaciones particulares y excepciones, de conformidad con los fines y objetivos de la reforma agraria.

Literalmente, no suena mal este saborcito a enfoque social de la propiedad. Pero igual, este mismo artículo podría ser argumentado por el estamento “tradicional”, como justificante para que los sectores beneficiarios de la reforma agraria sandinista al fin vayan perdiendo sus propiedades: Si no las trabajan productivamente…Si no las trabajan eficientemente…Si los bancos no tienen que ver con eso…

Por eso no ha sido difícil que se hayan venido dando arreglos bilaterales mediante el cual los ocupantes se retiran de las propiedades, si los antiguos dueños o sus herederos les pagan algo de efectivo. O bien la conservan mediante el pago estatal de cuantiosas indemnizaciones a los viejos propietarios, o con reposición de otros activos, o con los así llamados Bonos de Pago de Indemnización (BPI), costo social, económico y político que debe sumarse al efecto de los originalmente llamados Cenis, otros bonos pagados por las mayorías empobrecidas a las minorías propietarias de bancos quebrados.

Pagando la contrarevolución (¡Qué caro es este FSLN! )

Los Bonos de Pagos de Indemnización (BPI) son obligaciones emitidas por el Estado Nicaragüense en beneficio de las personas confiscadas en el periodo sandinista y a las que se les reconoció el derecho a recibir una compensación por haber sido victimas en el gobierno del FSLN, de la pérdida de sus propiedades o capitales.

Es decir, los nicaragüenses debemos pagar no solamente el costo de haber tenido al FSLN en el poder, sino el costo que en 1989 lo haya perdido. De estos bonos, casi nadie habla. Menos el FSLN.

Para dimensionar la magnitud de la mencionada contrarreforma rentista (bancos+ tierras), mencionemos que el número acumulado de reclamantes de devoluciones o indemnización del estamento de “tradicionales” es de unas 8,000 personas. Este selecto grupo de personas forman parte de la lista de beneficiarios de los BPI.

Las indemnizaciones se estiman en casi USD1,000 millones de dólares, respaldados por dichos BPI, el 58 por ciento de la deuda interna del Estado. Comparativamente, los beneficiarios de la Reforma agraria anduvieron en el orden de las 112,000 familias, más de 500,000 personas, abandonadas de nuevo a su suerte desde inicios de los 90.

Campesinos y trabajadores…¿rentistas?

Un panorama muy dramático, una paradoja extraña que ejemplifica esta circularidad regresiva en Nicaragua, es el caso de algunos beneficiarios de la reforma agraria que, viendo que no podrían trabajar las tierras directamente, pero tampoco querían deshacerse de ellas, optan por alquilarlas y devengar ingresos rentistas por esa vía[2]. El campesino revolucionario o trabajador colectivistas resultan transformados en este juego, en  típicos rentistas.

En la actualidad, podemos ver en perspectiva cómo la Revolución Popular Anti Somocista, devenida en “sandinista”, a lo largo de estos años, giró sobre sí misma y llegó casi al punto de partida: Los dueños confiscados por la Reforma Agraria de los años 80, han sido generosamente indemnizados, sus propiedades les han sido devueltas o han recibido otras propiedades o bienes en también generosa compensación. En contraste, los campesinos expropiados por el somocismo, reivindicados y titulados como “poseedores” de sus tierras por el sandinismo, nuevamente expropiados por el liberalismo post sandinista, emigran a Costa Rica, El Salvador, Honduras, sin vínculo alguno ni a la tierra, ni al capital. Estos son los estamentos de “pobres” de hoy, que se ilusionaron con las transformaciones revolucionarias de los inicios de los 80-

La retaguardia social, los atrapados sin salida, son los clientes favoritos de programas que de manera asistencialista, les hacen llegar “ayudas”, no soluciones, con los recursos del Estado y como dádiva del partido gobernante. Por allí anda también el asistencialismo que se presenta como responsabilidad social empresarial, nada despreciable por cierto, pero huérfano también de mecanismos de liberación económica y socio política.

El pueblo está pagando caro la experiencia de los años 80 y la reversión de los años 90. En el siglo XXI, están visibles los dos facturadores históricos de esa amarga experiencia: el sandinismo y la derecha, el FSLN y el PLC como expresiones políticas, quienes están actualmente coludidos hasta conformar de hecho, en la actualidad, un cogobierno en Nicaragua. Esto define que el proceso de reversión continuará y ni aun con la crisis alimentaria en perspectiva, al menos desde el seno del sandinismo, surgirá ni de lejos, una reedición de Reforma Agraria Integral. No es un panorama muy agrarista o campesinista.

El campesinado nicaragüense es la ofrenda propiciatoria que el mercado mundial, sea de precios libres o de “precios justos”, demanda. El sandinismo tiene el dilema de Job ante el altar de los sacrificios.  Y la voz que resuena en los mandatos para asestar el golpe no es la del manso del Gólgota, sino la cruda voz del FMI, Banco Mundial y demás organismos financieros internacionales.

La verdad es que no hay avance ni en el capitalismo ni hacia el socialismo, sin reforma agraria.Solo que en las nuevas condiciones de Nicaragua no se trata de un mero reparto de tierras ,,sino complementada  esa redistribucion, con la modernización e industralización del agro.


 

Anuncios