Es sano, como en Nicaragua, elegir autoridades del ejecutivo y legislativo cada cinco años como el evento que se avecina a bombos y platillos de nuestros dos  insistentes ExPresidentes.

Pero como ya tenemos suficiente experiencia, no podemos adivinar de previo cuál va a ser el comportamiento de esas autoridades electas respecto a las demandas y necesidades del país en su conjunto. Siempre hay ases debajo de las mangas de sus camisas.

De hecho, esa es una de las debilidades esenciales e históricas de los sistemas de democracia representativa mediante el cual el pueblo delega el poder por un periodo determinado de tiempo, a ciertos individuos de los que no hay garantía sobre sus decisiones, sus valores, sus cambios políticos y personales.

Así ha sucedido con el gobierno de Violeta B de Chamorro, Arnoldo Alemán,  Enrique Bolaños y  el Sr. Ortega. No va a ser distinto para los que resulten “confirmados” como los próximos presidentes y diputados en Nicaragua.

Vemos que la democracia no se agota en un papel depositado en una urna, no es prender un fosforo y ya.

Por ello, al margen de quién queda en las elecciones, es de hecho una obligación nacional trabajar de inmediato en el sentido de asegurar una participación más directa y cotidiana de la ciudadanía en el ejercicio y control del poder.

Tenemos que desarrollar entre todos mecanismos constitucionales que aseguren una participación permanente, democrática, de parte de los electores sobre sus elegidos, de tal manera que los eventos electorales sean episodios de fortalecimiento de esa participación y no una aparentemente simple competencia publicitaria cada cinco años, utilizados intensamente para el beneficio y fortalecimiento de las camarillas de turno.

Para esos fines, legalmente ya tenemos a la mano una organización natural ciudadana que es la organización de los pobladores en base a sus circunscripciones electorales. De acuerdo al Arto.23 de la Ley Electoral de Nicaragua, hay un máximo de 400 electores por cada Junta Receptora de Votos (JRV), que tienen la ventaja de no solamente reflejar fielmente la voluntad eleccionaria básica en su circunscripción electoral, sino constituirse como un mecanismo territorial, vecinal.

Participación potencial de hasta 400 electores son todo un acontecimiento para asuntos de relevancia en cada circunscripción. Los ciudadanos registrados en cada JRV deberían conformar la Junta de Electores, encargados de vigilar a las autoridades electas, presionar por el cumplimiento de sus promesas y convertirse en un mecanismo de participación popular directa.

Con este mecanismo, tanto a nivel de municipios, regiones autónomas, diputados regionales y nacionales, presidente y vicepresidente o cualquier otro cargo sujeto a elecciones, podremos asegurarnos el eventual funcionamiento democrático (y más participativo que representativo) de:

  • Demandas de rendición de cuentas
  • Reformas constitucionales
  • Plesbicitos
  • Referéndum
  • Iniciativas Ciudadanas
  • Acciones revocatorias de mandatos a todos los niveles

Todas estas acciones son mecanismos participativos que aseguran que los representantes electos por votación popular cada ciertos periodos de tiempo, no se alejen en ninguna circunstancias, del servicio a los intereses populares y del pais.

Nicaragua está cayendo de bruces en el Siglo XXI, arrastrando traumas y herencias negativas del siglo pasado, de las cuales tiene que liberarse. Un síntoma de eso es la persistencia electoral de esos dos expresidentes.

Con decisiones políticas de amplia participación ciudadana, control del poder político, nos aseguramos avanzar en conquistas sociales y materiales que sean irreversibles e inalienables.

Comencemos  a trabajar ya en ese sentido.

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